La polémica de la Ley Sinde no viene de que quiera cerrar páginas con enlaces a contenidos de terceros (cosa que de todas formas no lograría). Desde la parte interesada se intenta enfocar la cuestión entre creadores y harapientos que lo quieren todo gratis. La cosa viene de antiguo: La industria de contenidos lleva tiempo queriendo cerrar dichas páginas por la vía judicial. El juez les dice: la página no alberga contenidos de terceros, sólo los enlaza (indica dónde están) por lo que no hay fundamento legal para cerrarlas, no se viola la propiedad intelectual.

La industria, cansada, legisla a través del Ministerio de Cultura para quitar a los jueces de en medio. Así, como suena: una comisión del Ministerio de Cultura (formada por SGAE, CEDRO, afines etc) se encargaría, según la ley, de valorar si la página incumple la ley de propiedad intelectual (no un juez). Porque la ley no especifica que vaya dirigida a páginas piratas, no. Eso lo decide esa comisión. Casi cualquier página de Internet viola las leyes de propiedad intelectual. Esta misma, por hacer algo que es natural para cualquier dueño de un blog (poner fotos de películas, por ejemplo, sin autorización del titular de los derechos), ya viola la propiedad intelectual. Por tanto dicha comisión podría cerrar esta página con la Ley Sinde en la mano. Es un instrumento de censura inaceptable. Las filtraciones de Wikileaks (que por cierto, han demostrado que el papel del gobierno con esta ley se ha limitado a ser la mano ejecutora de los designios del lobby audiovisual estadounidense a través de su embajada) que tanto han dado que hablar en la prensa, podrían censurarse con la Ley Sinde en la mano, dado que Wikileaks no es la propietaria de los cables diplomáticos y los reproduce sin autorización del titular de los derechos. Esta ley es una herramienta que nos acercaría más a China o Irán.

La histeria con la que el grupo de creadores afines a la industria audiovisual defiende la aplicación de esta ley (en su mayoría analfabetos digitales que usan Internet como su juguete roto), limita el debate a si lo queremos todo gratis (no ley) o queremos que los artistas vivan de su trabajo (sí ley). Ahí está la caricaturización interesada y peligrosa: las razones para echar atrás esta ley trascienden con muchísimo cualquier debate sobre propiedad intelectual, mucha gente que rechaza esta ley desea un sistema de remuneración justo para los autores, sencillamente no así. Pero es que además, la ley en sí es inútil: en EEUU las leyes de propiedad intelectual son muchísimo más represivas y se piratea tanto o más que aquí (tienen conexiones mucho mejores). Sencillamente la tecnología va siempre por delante. La mejor definición de esta ley que he leído, es la de que es un medicamento que no cura y además tiene graves efectos secundarios.

La cosa es compleja, pero resumiendo: si yo te llamo por teléfono y te insulto, ¿la falta es mía o de Movistar? Es mía. Por esa regla de tres, no puedes condenar a los propietarios de una herramienta de comunicación (e-mule, Ares o la que sea) por el hecho de que las personas que la usan lo hagan ilegalmente.

Por otra parte, y en cuanto a las páginas que ofrecen ‘online’ gratis series de televisión, películas, etcétera: si yo pude ver hace diez años la serie ‘Siete vidas’ sin pagar un duro en Telecinco, ¿qué delito estoy cometiendo por volverla a ver gratis hoy por Internet?

Y por último: el asunto es mucho más complicado de lo que parece, y por esa razón los legisladores deberían abrir sus mentes a la misma velocidad que lo están haciendo los millones de usuarios de Internet. Estamos apenas gateando en un mundo nuevo y desconcertante y tenemos que comprender (la ministra Sinde la primera) que las reglas del juego deben ser ahora otras. Habrá que ver cuáles, pero serán otras.